La Juristocracia Electoral

Texto en el periódico Reforma el 16 de noviembre de 2012
http://www.reforma.com/editoriales/nacional/679/1357492/default.shtm

La juristocracia electoral

Colaborador Invitado 
16 Nov. 12

Guillermo J. García Sánchez


Si a finales del siglo XVIII se le propusiera a Montesquieu que los jueces supervisaran las elecciones y definieran un ganador, el ideólogo nos acusaría de pervertir la naturaleza de las funciones de los entes políticos y judiciales. Las cosas han cambiado mucho desde los primeros diseños de la democracia. Una de las características del siglo XXI es que los jueces han invadido lo que antes era un campo de batalla dominado y definido por los entes políticos.

A manera de ejemplo, en Estados Unidos, no obstante que la Suprema Corte de Justicia ha contado con un fuerte poder de control constitucional desde 1803 y que este país ha celebrado elecciones desde 1783, es a partir de 1970 que la Corte registra un incremento considerable de casos electorales. Antes de esa década, si la Corte llegaba a ver materia electoral, ésta se limitaba al voto afroamericano después de la guerra civil. Hoy la Corte de EU se ha involucrado en casos que van desde la identificación para votar, la redistribución de distritos electorales, los métodos de votación, hasta las leyes relacionadas con el financiamiento de campañas. En la última década los resultados electorales no pueden ser explicados sin analizar el papel de la Corte. En 2000, ésta resolvió que no podía ordenar que se recontaran los votos en Florida; otorgándole una victoria de facto a George Bush, quien sólo necesitaba los 29 votos electorales de ese estado para ganar la elección. En el año 2010, la Corte declaró inconstitucional la regulación que imponía límites a las contribuciones electorales de empresas privadas por violar la libertad de expresión. Lo anterior llevó a que en la elección de este año Barack Obama y Mitt Romney dedicaran gran parte de su tiempo a negociar con empresas y asociaciones políticas apoyo económico; convirtiéndola en la elección más cara de la historia.

En México el fenómeno es similar. Hasta antes de 1990, las cuestiones electorales no pasaban por el escrutinio de jueces, sino que se resolvían en la arena política controlada por un partido. No fue sino hasta varias reformas en los años noventa que se judicializó la vida electoral, al grado de que, al igual que en EU, es difícil explicar las últimas dos elecciones presidenciales sin mencionar el papel de los jueces. En 2006, fue el Tribunal Electoral quien, al decidir que no había elementos suficientes para abrir todas las boletas electorales, reconoció a Felipe Calderón como Presidente electo de México. Lo anterior a pesar de la presión que generó el hecho de que la diferencia de votos con Andrés Manuel López Obrador fue de más o menos de 250 mil votos. En ese año, la Suprema Corte resolvió que no tenía competencia para decidir si candidatos sin partido podían participar en la elección presidencial; dejando fuera de la contienda al primer posible candidato independiente, Jorge G. Castañeda. Finalmente, en las elecciones de este año el Tribunal Electoral, a pesar de que reconoció que en algunas circunstancias se podría anular el proceso electoral si los partidos exceden los topes de gastos de campaña, decidió que no tenía las capacidades para determinar si la alianza PRI-PVEM sobrepasó los límites. Con lo anterior, el Tribunal reconoció la victoria de Enrique Peña Nieto y le dejó a la Unidad de Fiscalización del IFE la labor de determinar si en efecto se violaron los topes.

Conclusión: a pesar de que la regulación electoral en ambos países tiene grandes diferencias, en las carreras presidenciales de la última década las cortes en EU y México han afectado el resultado. Los jueces, haciendo lo que antes hacían los actores políticos, ponen en una balanza los intereses de la comunidad, de los conglomerados económicos y de los partidos, y los sopesan con las necesidades de política pública en materia electoral y las leyes en la materia.

La rama menos democrática del gobierno, la no electa popularmente, la que diría Montesquieu que "no es más que la boca" del legislador, es un actor fundamental al momento de decidir quiénes gobernarán el país y cómo llegan al poder. Lo anterior genera una paradoja: al mismo tiempo que la política se judicializa, existe el riesgo de que los jueces se politicen y terminen decidiendo conforme a sus preferencias personales y no conforme a la ley. La barrera entre el político y el juez hoy se tiende a desmoronar con la expansión de la presencia judicial en muchas áreas antes dominadas por los entes políticos del Estado.


El autor es maestro en derecho internacional.